Extrabajadores e internos aseguran haber sido testigos de malos tratos en el reformatorio Tierras de Oria, del que se filtró un vídeo en 2015 con jóvenes amarrados en camas. Una docena de trabajadores despedidos y exinternos que han pasado por el reformatorio Tierras de Oria, en Almería, relatan los malos tratos e irregularidades que supuestamente vivieron o presenciaron.
El centro para jóvenes infractores de entre 14 y 26 años está gestionado por la asociación privada Ginso desde hace 15 años y no es la primera vez que recibe acusaciones, aunque nunca se han llegado a probar.
Abdelila Daoui entró en el centro de menores Tierras de Oria (Almería) con 16 años. Tenía varios delitos por traficar con drogas, atentar contra la autoridad y algún hurto. Fue a cumplir su condena en este reformatorio de Almería, donde estuvo cuatro años y asegura haber sufrido malos tratos. “Un día me tuvieron amarrado a una cama de hierro con correas durante cuatro horas. Te cortan la circulación, y si te tienes que cagar encima, te cagas encima”, cuenta desde Tánger, donde fue repatriado tras salir del centro, ya mayor de edad. Tierras de Oria es un centro de detención para jóvenes de entre 14 y 26 años que han cometido delitos. Pero Abdelila no es un caso aislado para Miguel Marín, que fue hasta 2015 jefe de seguridad de Tierras de Oria, donde estuvo 13 años. “Lo que se persigue es hacer el mayor daño posible al menor”, asegura sobre las veces que ha tenido que supervisar y realizar amarres, que oficialmente deben limitarse a reducir a un menor alterado. “Las correas que se ponen son como un cinturón, con distintas medidas. Dos vigilantes tiran de las correas contra un barrote de la cama de hierro, ajustando al máximo posible. Se les corta la circulación y produce mucho dolor, así durante horas. A veces hemos tenido miedo porque se les ponían las extremidades negras”.
Atados durante horas. En 2015, un vídeo publicado en 'eldiario.es' mostraba a dos menores gritando atados en una cama, como relata Abdelila. La dirección se defendió alegando que las inmovilizaciones están previstas en la ley y que se habían hecho ajustadas a derecho. La causa se ha sobreseído provisionalmente, entre otras cosas porque se demostró que el audio del vídeo había sido manipulado. También el defensor del menor realizó una inspección sorpresa, y aunque no descartó malos tratos, aseguró "no haber obtenido elementos de prueba que corroboren las quejas relativas al posible maltrato o trato vejatorio por parte del personal hacia los menores".
Abdelila Daoui estuvo en el centro cuatro años, hasta 2011.
Sin embargo, autores y testigos directos de estas inmovilizaciones insisten en que las inmovilizaciones en camas, además de no ser aisladas, no se ajustan, ni en el trato ni en el tiempo, al principio de proporcionalidad que requiere la ley. “Yo he estado en una intervención de tres menores que han estado 10 horas”, reconoce Manuel Martínez, vigilante de seguridad durante 11 años, hasta 2015. “Te sientes mal, yo muchas veces les aflojaba, les daba agua, pero te dicen que si es que eres el defensor del menor... Al final, te juegas tu trabajo”.
Diez, cinco, seis horas… Cada vigilante asegura haber presenciado contenciones muy por encima de lo que consideraban el mínimo imprescindible, aunque nunca lo denunciaron ante ninguna autoridad competente. Si lo hacen ahora es porque varios han sufrido despidos procedentes. Según el centro, buscan generar "una campaña de descrédito interesada". "Se debería hacer una reflexión e intentar que los fallos y miserias que en su día se vieron en estas personas no influyan en otras que solo hacen su trabajo y se ven inmersas sin querer en estas críticas o acusaciones infundadas", señala el director de Tierras de Oria, Manuel Madrid, a este periódico.
Ni la Junta de Andalucía, ni el Defensor del Menor ni la Fiscalía han tenido constancia de malos tratos en el centro, aunque ahora el personal diga lo contrario. “Cuando les veía mal, llamaba al coordinador, pero me decía que hasta que no tuvieran las manos heladas no molestase”, afirma Julián Torregrosa, otro vigilante que estuvo cuatro años trabajando en este reformatorio y fue despedido. Francisco Valdivia supervisó estos castigos —que según él se llevaban a cabo con elevada frecuencia— durante ocho años, hasta 2012: “Una cosa es amarrar y otra cosa echarle la rodilla al cuello".
Los informes que firmaban, aseguran los extrabajadores, tampoco reflejaban la realidad en su totalidad. “Si se les inmovilizaba a las 11 de la mañana y se les soltaba a las tres de la tarde, a mí me dicen que en mi informe tengo que poner lo que dice el coordinador: que se les ha inmovilizado a las 11 y se les ha soltado a las 12:30. Casi que se pone que al chico se le trata con guantes de seda para no hacerle daño y que el educador se pasa cada hora y media hora para supervisar la contención, pero se pasa cuando le da la gana”, reconoce Miguel Marín, exjefe de seguridad.
El relato del antiguo personal del centro coincide también con lo que narran los menores que pasaron por allí. Otman Msik, de 18 años, habría sido amarrado hasta tres veces en los 10 meses que estuvo en el centro entre 2016 y 2017, cuando todavía era menor. "Una vez estaba en aislamiento y me llevaron un plato de alubias con cerdo. Como soy musulmán, dije que no me lo iba a tomar y el vigilante me tiró el plato a la cara. Me levanté y fueron a por mí los de seguridad y me amarraron durante tres horas", explica a este diario.
“Te colocan las correas de manos y piernas, pero si la sigues liando te ponen otra ancha como una mano en la nuca”, rememora Cristian Martínez, un joven que ha pasado varias veces por el centro y, aunque no sufrió estas contenciones mecánicas, sí presenció las de muchos compañeros. “Un chaval se cortó la lengua para que le soltaran. Los que pasaban por ahí volvían con las manos hinchadas, moradas y andando como si les hubieran dado una paliza”.
El director de Tierras de Oria, Manuel Madrid, asegura que todas las contenciones se realizan con "absoluta transparencia" y que nunca han tenido ninguna denuncia de "rigor innecesario". Quiere dejar constancia de que todos sus menores "son especiales, únicos y maravillosos, y hacia ellos y sus familiares va nuestro trabajo en el intento de que en un futuro próximo puedan ser hombres de provecho". Apunta también que tanto menores como familiares tienen acceso a dirigirse a una autoridad judicial competente. Sin embargo, por ejemplo, Otman decidió no denunciar aconsejado por su abogada para evitar posibles represalias durante su corta condena a cumplir en el centro. Además, según los antiguos trabajadores, después de esos castigos se aislaba al menor para que no pudiese llamar a familiares o abogados y viesen su estado, que corregían a base de medicación y Trombocid para bajar la hinchazón.
Te tenías que chivar o hacerles favores. Si no, no salías ni hacías vida, estabas siempre castigado en los cuartos.
Las inmovilizaciones no son los únicos actos de violencia que denuncian el antiguo personal de Tierras de Oria y los menores. Cristian, Otman y Antón Santiago —otro interno que estuvo allí nueve meses— habrían recibido supuestos malos tratos por parte del personal de seguridad, y encierros en habitaciones durante días: “Una vez me tuvieron encerrado ocho días sin salir al patio más que una hora un día. Como a un perro”, cuenta Cristian, que ha estado en varios centros, aunque ninguno como este. “Otros son estrictos pero no te amarran ni te pegan. Aquí entran drogas, pastillas, porros… de todo”, afirma. “Yo he visto a colegas meterse rayas de coca”, añade Antón. “En mi módulo dimos todos positivo de drogas, 15 personas, y se callaron [los educadores] para que no se enterase la dirección. Se cubren las espaldas”.
Sistema de privilegios. El funcionamiento de Tierras de Oria, donde trabajan cerca más de 200 personas y viven hasta 130 internos, se basa en un sistema de favoritismos a una parte de los menores y castigos a otros, según indican exvigilantes, educadores y menores. Así, hay internos que disponen de televisión y Play Station en sus habitaciones, permisos de salida del centro por encima de lo oficial o el consentimiento para fumar dentro del recinto. “Si te portas mal y eres amigo, les daba igual lo que hicieras, pero si no eres amigo… pues te ataban”, explica el exinterno Antón Santiago, que salió a finales de 2016. “Te tenías que chivar o hacerles favores. Si no, no salías ni hacías vida, estabas siempre castigado en los cuartos”, coincide Cristian.
Los antiguos educadores señalan que esta manera de funcionar dificultaba mucho su trabajo de inserción y su propia autoridad: “A lo mejor un niño está sancionado y quiere salir, así que se comporta dando patadas, gritando... y le dejan ir. Quieren que estén callados y que no den problemas. Y luego está el niño que hace todo bien, no exige, y no le dan nada”, cuenta María Dolores Llorente, educadora de Ginso durante 11 años, hasta 2017. “Había menores a los que se amarraba por no querer levantarse para ir a una formación, o por dar una mala contestación, y a otros, con cosas peores, no les pasaba nada”, confirma el exvigilante Julián Torregosa. María Dolores asegura también haber tenido que poner en los expedientes disciplinarios de los jóvenes cosas que realmente no habían dicho o hecho. “Me decían que eso había que hacerlo así, y ya está”, explica.
Miguel Marín, Manuel Martínez y María Dolores Llorrente, extrabajadores del centro de Oria.
Además, una parte importante del equipo técnico carecería de la formación necesaria para su puesto, según los educadores. Luis, que prefiere no dar su nombre real, estuvo 14 años ejerciendo de educador, trabajo al que entró sin tener siquiera la Educación Secundaria Obligatoria. “Empecé sin titulación ninguna, en 2002. A los dos años me ascendieron a tutor. Tenía que dar formación a los niños, si yo no la tengo ¡como les voy a dar a ellos! Estuve dos o tres años porque no me parecía bien y lo dejé, se me quedaba grande”, reconoce. Mario, otro educador que prefiere no dar su nombre real, confirma esta cuestión: "La dirección del centro estima favorable contratar personas en el equipo técnico que carezcan de experiencia laboral, para poder moldearlas a su antojo".
La Delegación del Gobierno en Andalucía asegura que no le han llegado denuncias de malos tratos ni ha detectado irregularidades en el centro en las cuatro visitas que se hicieron en 2017. Tampoco tiene constancia de informaciones sobre la falsificación de partes ni que el equipo técnico no tenga la formación necesaria. La Junta, por su parte, comparte las respuestas de la delegación.
Enchufes, partes de lesiones... y votos al PSOE. Otra práctica habitual que habría tenido que cumplimentar el personal de seguridad, según cuentan, son los partes de lesiones falsos tras un encontronazo con un interno. “Es casi de obligado cumplimiento cuando se hace la inmovilización que los vigilantes que se ven implicados se hagan un parte de lesiones, aunque no tengas nada. A veces salía del médico sin nada y tenía que volver porque le habían llamado para que pusiera algo y si no le echaban, claro. Así que ponía cualquier cosa: luxación en un codo, en la rodilla…”, afirma Miguel Marín. “Así, aparte de para cubrirse las espaldas el centro, le cae más condena al menor. Si le caen tres meses más, son tres meses que el centro cobra por él”. He estado en juicios donde he visto a compañeros mentir sobre otros, con muy poca vergüenza
Ginso.
Asociación para la Gestión e Integración Social, ha recibido una adjudicación de 40 millones en 2015 de la Junta de Andalucía para los próximos cuatro años, con los que llevar a cabo la gestión y labores de reinserción a los jóvenes infractores. El cálculo se hace anualmente, en base a las plazas ocupadas, por lo que finalmente reciben 214 euros por día por cada plaza ocupada y 171 las que no cubran. Así, por el año 2016, han percibido casi 10 millones de euros. Recientemente, les han sido adjudicados otros 6,9 millones para la apertura de otro centro de menores en Huelva.
Desde el año 2000, la Ley del Menor permite que entidades privadas gestionen centros de menores siempre y cuando no tengan ánimo de lucro. Es el caso de la asociación Ginso, una de las primeras en aprovechar esta ley y de empezar a construir centros como el de Oria, Brea de Tajo, en Madrid, o La Marchenilla, en Cádiz, para acoger estas actividades. Sin embargo, el presidente de la fundación, Alfredo Santos, arquitecto y con experiencia en prisiones, sí se ha beneficiado de las adjudicaciones de la Junta. Su empresa de construcción, Icono Consultores, fue la encargada de llevar a cabo el proyecto de construcción del centro Tierras de Oria, tal y como reconoció al diario 'El País' en 2006. “Sería absurdo que no me contratase a mí mismo”, dijo entonces.
El centro da trabajo a muchos habitantes de Oria, una localidad almeriense de 2.300 habitantes, pero también a localidades de la zona. Así, según señalan los extrabajadores, muchos están allí por “enchufe”, y los apellidos similares son recurrentes en la plantilla. "Un alto porcentaje de educadores no solo no posee titulación como graduado en Educación Social, sino que no poseen ni el título de ESO, y sí algún tipo de vinculación amistosa y política en alguno de los municipios de la zona", asegura Mario. Hasta el alcalde de Purchena, una localidad cercana, ha trabajado como coordinador del centro. Pero en los últimos años, el centro ha echado a cerca de una veintena de trabajadores, varios con despidos disciplinarios. Personas como María Dolores, con 11 años de antigüedad y ningún parte negativo, vieron cómo en unas semanas eran despedidas. “Si no eres su marioneta te crucifican, y como destaques, en cuanto puedan, te despiden”, afirma Manuel Martínez, también 11 años trabajados en varios centros de Ginso. Tanto él como Miguel Marín están ahora envueltos en un juicio por descubrimiento y revelación de secretos por el vídeo de 2015, aunque ambos niegan ser los autores.
“He estado en juicios donde he visto a compañeros mentir sobre otros, con muy poca vergüenza. Otros han sido despedidos por no hacerlo”, reconoce S. M., otra educadora que fue despedida después de 12 años pero que llegó a un acuerdo con la empresa. Julián, uno de los vigilantes, también tuvo que mentir en un juicio, esta vez contra un menor. “Habíamos discutido y me faltó al respeto, pero tampoco era para tanto, solo quería que lo castigaran, no llevarlo a juicio. Me dijeron lo que tenía que decir”.
El centro asegura que los trabajadores de Tierras de Oria que han testificado como testigos en los juicios "se vieron envueltos en una campaña de insultos, amenazas, wasaps, emitidos por las personas que hoy al parecer realizan las acusaciones contra este centro", sin saber los nombres de las personas que iban a hablar en este reportaje.
El subdirector vino con nosotros a votar y nos dio la papeleta del PSOE. Votaron ellos prácticamente. Además, los extrabajadores denuncian las vinculaciones e intereses políticos de Tierras de Oria. Julián Torregrosa, antiguo vigilante, asegura que fue despedido, entre otras cosas, por negarse a empadronarse en Oria y votar y afiliarse al PSOE. No es la primera vez que el centro protagoniza una polémica en torno a este partido. Hace unos meses, la prensa regional alertó de sospechosas afiliaciones al partido de trabajadores del reformatorio para favorecer a Susana Díaz. Seis de los entrevistados para este reportaje aseguran que fueron coaccionados para favorecer al partido que hasta 2011 tenía la alcaldía de la localidad. Algunos, como Francisco, lo hicieron por mantener su trabajo: “Cuando llevaba tres años trabajando, Manuel Madrid [el director] me dijo que o me empadronaba en Oria o si no me echaba. A los días, el subdirector vino con nosotros a votar —todo el equipo de seguridad, como 60 o 70 personas— y nos dio la papeleta del PSOE. Votaron ellos prácticamente”. Pero el centro niega estas acusaciones alegando que "las coacciones para votar unas u otras opciones en unas elecciones locales desacreditan a quien incluso lo dice, porque el voto en España por suerte es secreto".
Más acusaciones en el pasado. La cultura del miedo a que los echen, dicen, es la que impera en el centro y el motivo por el que refrendaban partes e informes que no reflejaban lo que vieron. Por eso, muchos no han alzado la voz para denunciar lo que vieron hasta ahora que han sido despedidos. De hecho, tanto a Luis como a S. M. los derivaron durante años a los módulos más conflictivos, según su testimonio, por contradecir las directrices del centro.
Además, cuando había inspecciones o visitas, aseguran que “se sabía con semanas de antelación y se preparaba todo”. Aun así, en una visita reciente del Consejo de Europa a varios centros de España, alertó sobre este centro acerca "varias denuncias creíbles relacionadas con maltrato físico deliberado por parte del personal hacia los detenidos".
Pero ni la visita europea ni el vídeo de 2015 son los únicos hechos que han puesto en tela de juicio la gestión de la asociación Ginso. En 2011, Ramón Barrios, de 18 años, murió supuestamente de un infarto al corazón durante su estancia en el centro Teresa de Calcuta, pero la familia siempre puso en duda esta versión tras observar arañazos y moratones en el cuerpo del joven durante el funeral. También en 2011, el defensor del pueblo andaluz denunció la aplicación de castigos en este centro, como inmovilizaciones indefinidas o privación del sueño, y en 2012 tuvo un expediente por las quejas de familiares de un interno que aseguraban que sufría “continuas y cotidianas represiones físicas, verbales y psicológicas”.
