En
cuestión de días el actual alcalde popular del municipio de Oria y el
anterior regidor socialista han sido llamados a prestar declaración ante
el juez. Si bien pasarán por los juzgados por motivos muy dispares.
El actual primer edil, Marcos Reche (PP), está llamado a declarar a primera hora de la mañana tras la denuncia por un presunto delito de prevaricación. El caso se remonta a 2013, cuando el Ayuntamiento que preside Reche se negó, presuntamente, a facilitar el acceso a su empleo a la anterior secretaria titular aludiendo que en su lugar se encontraba un nuevo secretario accidental. Estos hechos le han valido una condena del TSJA al Ayuntamiento de Oria en la que se le ordena el pago de alrededor de 30.000 euros a la secretaria en concepto de “retribuciones dejadas de percibir” por la afectada, que denunció los hechos junto al exalcalde y actual portavoz socialista, José Pérez.
El actual primer edil, Marcos Reche (PP), está llamado a declarar a primera hora de la mañana tras la denuncia por un presunto delito de prevaricación. El caso se remonta a 2013, cuando el Ayuntamiento que preside Reche se negó, presuntamente, a facilitar el acceso a su empleo a la anterior secretaria titular aludiendo que en su lugar se encontraba un nuevo secretario accidental. Estos hechos le han valido una condena del TSJA al Ayuntamiento de Oria en la que se le ordena el pago de alrededor de 30.000 euros a la secretaria en concepto de “retribuciones dejadas de percibir” por la afectada, que denunció los hechos junto al exalcalde y actual portavoz socialista, José Pérez.
Mientras José Pérez, exalcalde (PSOE), que se enfrenta a diez años de inhabilitación para empleo o cargo público, continuará declarando el próximo viernes 3 de febrero. Aunque el juicio comenzó
este jueves 19 de enero, debió ser pospuesto ya que el pasado jueves no
se alcanzó a tomar declaración a los testigos.
Según fuentes judiciales, Pérez se negó a contestar preguntas de la
acusación y solo se remitió a responder a su abogado defensor.
El ex alcalde de Oria está acusado de cometer un delito continuado de
prevaricación administrativa al considerar que bajo su gestión entre
2007 y 2011 contrató a 46 personas "sin proceso selectivo alguno" y "en
un número superior al autorizado" conforme a los presupuestos.
La Fiscalía tiene previsto solicitar diez años de inhabilitación para
empleo o cargo público en el juicio, (la acusación particular solicita
72 años de inhabilitación), al entender que Pérez "tomó una serie de decisiones que no documentó por escrito", que eran "contrarias al ordenamiento jurídico" y ante las cuales únicamente imponía "su libre criterio y voluntad al margen de la idoneidad de los beneficiarios y el servicio público". El escrito de acusación le atribuye además haber contratado “de forma directa y verbal” parte
de la obra de la guardería por un importe de 400.000 euros y tres
proyectos técnicos por un montante global de casi 127.000 euros para un
pabellón deportivo y para un espacio escénico. Noticias recogidas de La Voz de Almería y Almeria Hoy.
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