Suma y sigue. El desfile de alcaldes, concejales y excargos públicos
de los ayuntamientos de la provincia es una estampa ya casi habitual en
el día a día de los juzgados almerienses. Almería vive un goteo
incesante de declaraciones, vistas y sentencias en los tribunales en los
que los políticos son protagonistas que, lejos de frenarse por la
crisis, se ha incrementado como uno de los efectos derivados de la
burbuja inmobiliaria que estallara años atrás. La mayoría de los pleitos
que hoy entran en recta final de condenas y absoluciones son
precisamente los relativos a los delitos urbanísticos y contra la
ordenación del territorio cometidos cuando más apretaba la fiebre del
ladrillo. El punto de inflexión se sitúa en abril de 2008 con el
estallido de la Operación Costurero por el que se detuvo al alcalde y
concejal de Urbanismo de Zurgena,
así como de arquitectos, abogados y promotores, pero este aviso para
los navegantes de las aguas turbulentas no fue el principio. La Fiscalía
de Medio Ambiente había cerrado el ejercicio de 2007 con 13 alcaldes
imputados por delitos de prevaricación urbanística. Poco después le
siguió el mayor golpe contra la corrupción en Almería, la Operación
Poniente, que permitió desmantelar un entramado empresarial montado en
torno a la empresa municipal de obras y servicios Elsur. El alcalde de
El Ejido, Juan Enciso, y una veintena de empresarios y técnicos fueron
acusados por la Fiscalía Anticorrupción por blanqueo de dinero y
malversación de caudales públicos. Ambos procesos siguen atascados en la
Ciudad de la Justicia, el ejidense pendiente todavía de juicio y el
zurgenero en medio de un laberinto de sentencias de absolución y
condena. De hecho, el Ministerio Público llegó a pedir imputándole un
centenar de delitos penas que suman 180 años de prisión y 1.050 de
inhabilitación especial para su exalcalde, Cándido Trabalón, quien hoy
sigue como concejal de Obras Públicas por el Partido Andalucista,
formación en la que curiosamente ya no milita. En los últimos años han
sido ya una treintena los alcaldes, concejales y exrepresentantes
municipales de los municipios almerienses los que se han tenido que
sentar en el banquillo de los acusados, convirtiendo a Almería de una de
las provincias de mayor litigiosidad política. Y es que los escándalos
no cesan.
De legislaturas anteriores siguen pendientes de resolución la desaparición de cheques
de la Delegación Territorial de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía
y el vaciado de más de medio millón de euros de las arcas del Patronato
Provincial de Turismo a través de facturas falsas. No es la primera vez
que la Diputación figura en los sumarios. Durante la alianza de PSOE y
el PAL de Enciso se llevó a juicio la polémica de los asesores que no
iban a trabajar, si bien la Fiscalía acabó archivando la causa. Años
antes fue condenado a pagar el popular José Luis Aguilar casi 6.000
euros por talones no justificados en la gestión de ACL Radio. Y hay
mucho más, no sólo en las instituciones locales en las que destacan por
recientes las imputaciones de Gabriel Amat y seis concejales de Roquetas
por la aprobación de la licencia que
permitió la construcción de diez chalés en La Fabriquilla en 2007 y la
del alcalde de Albox, Rogelio Mena, para el que la Fiscalía solicita dos
años y medio de inhabilitación especial por impedir la labor de la
oposición al denegarle expedientes de contratación y facturas. La jueza
Alaya mantiene el embargo y cargos al exlíder de los socialistas
almerienses, Martín Soler, por el caso de los ERE y mantiene abiertas
las investigaciones relativas a los cursos de formación en la provincia.
Antes del verano, la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia
Civil propuso, en un informe policial encargado por el Juzgado Nº 16 de
Sevilla en la instrucción del ‘Caso Marismas del Guadalquivir’, la
‘imputación’ de José Luis Sánchez Teruel. Se trata de una causa por
presunta corrupción que se tramita en dicho juzgado desde hace siete
meses.Además, la Asociación Mediterránea Anticorrupción y por la
Transparencia (AMAyT) presentó una denuncia con cerca de 10.000
documentos en soporte informático pidiendo a la Fiscalía Superior de
Andalucía que investigara si la empresa Hispano Almería (Halsa) mantuvo
durante al menos una década un sistema de pagos ilegales a través de
‘caja b’ al PP a cambio de la adjudicación de obras públicas que también
habrían tenido ramificaciones en Roquetas, Níjar y Vícar, siendo este
último un feudo socialista. Los partidos aseguran que los cargos
imputados en caso de corrupción, casi mil en España, no tienen sitio en
sus listas, pero los acusados repiten año tras años, como se verá en las
municipales de mayo. En Almería hay condenas firmes de inhabilitación
de cargo especial que se cumplen a duras penas y ni PSOE ni PP han
mantenido una posición tajante a la hora de elaborar sus listas y mucho
menos en el momento de los pactos. El Ejecutivo de Rajoy ha lanzado en
la recta final del año su programa de regeneración democrática con un
anteproyecto de ley orgánica de control de la actividad financiera de
los partidos, otro de ley reguladora del ejercicio del alto cargo en la
administración general del Estado y se van a endurecer las medidas
penales y procesales de lucha contra la corrupción, iniciativas que si
se hubieran aplicado en los años de bonanza, cuando las arcas de las
instituciones públicas no estaban tiritando como hoy, habrían evitado el
saqueo permanente y las irregularidades asociadas, sobre todo en las
comarcas del Levante y Almanzora, a la burbuja inmobiliaria por la que
se construyeron más de 13.000 viviendas fuera de ordenación.
Precisamente este viernes en la junta provincial del PP, el portavoz
del Grupo Popular en el Congreso y diputado por Almería, Rafael
Hernando, defendió que la política es una “profesión de gente muy
honesta y honorable pese a unos cuantos corruptos que hemos limpiado”. A
su juicio, “ahora hay cosas que se ven en los tribunales que antes no
se veían porque sencillamente los que tenían que controlar, miraban para
otro lado”. Lo más curioso es que horas antes de su intervención,
Hernando había sido condenado por la justicia a pagar 20.000 euros a
UPyD de Rosa Díez por lanzar acusaciones falsas sobre su financiación
ilegal. Y es que las acusaciones suelen tener a veces
más repercusión que los propios delitos y al que señalan suele tomar
medidas como en su día hiciera el PP de Alsodux al querellarse contra el
exsecretario general del PSOE de Almería, Diego Asensio, por decir que
su candidato estaba imputado. A pesar del hartazgo hacia la clase
política, no hay que dejar que la presunción de culpabilidad tumbe a la
de inocencia. En la provincia son unos cuantos los casos que evidencian
que no siempre la imputación acaba en condena. El escándalo de Ohanes
obligó al entonces alcalde Juan Francisco Sierra a renunciar a su escaño
y también a darse de baja en el partido por una presunta estafa. Años
más tarde ha sido absuelto y el empresario que lo incriminó está en la
cárcel por una trayectoria poco honorable. Al final todo, incluyendo
reproches en el Parlamento de Andalucía, quedó en nada como los
señalamientos de los alcaldes populares de Sorbas y Gádor, José
Fernández y Eugenio Gonzálvez, acusados de un delito urbanístico y de
prevaricación en la adjudicación de contratos respectivamente, o el del
exalcalde del PSOE de Huércal Overa, Luis García Collado. Son los menos.
Los condenados ya van siendo demasiados, un suma y sigue que debería
invitar a reflexionar a la ciudadanía antes de acudir a las urnas en las
municipales de mayo.
PUEBLO A PUEBLO
JUNTA DE ANDALUCÍA Sigue
pendiente de juicio el caso de los cheques de la Delegación de Medio
Ambiente. El actual delegado, José Manuel Ortiz, denunció que se habían
sacado más de 300.000 euros de las cuentas públicas a través de talones
al portador y la Audiencia Provincial decidirá en junio de 2015 si
mantiene el procesamiento del exdelegado socialista Clemente García y el
funcionario Miguel Gallardo. Mientras tanto, la jueza Alaya mantiene el
embargo e imputación del exconsejero almeriense Martín Soler por el
caso ERE y se investiga el fraude en cursos de formación en Almería.
DIPUTACIÓN El vaciado de más de medio millón de euros
de las arcas del Patronato Provincial de Turismo a través de facturas
falsas mantiene implicados al exvicepresidente de la Diputación, Luis
Pérez, a la exsecretaria y jefa del Servicio, María Teresa González, así
como a personas con las que mantenían estrechos vínculos y responsables
de una decena de empresas por el ordeñamiento de las arcas públicas.
1. ADRA Luis Pérez, era portavoz del PSOE hasta que
renunció a su acta a principios de agosto de 2013 al estar implicado en
el caso de las facturas falsas del Patronato Provincial de Turismo de la
Diputación.
2. BERJA (Y BALANEGRA) Un juez de Berja decidió incoar
diligencias previas contra el alcalde, Antonio Torres, y la alcaldesa de
la Entidad Local (ELA) de Balanegra, Mercedes Tapia, al considerar que
pudo haber indicios de delito en la construcción en 2009 de un espigón
que fue demolido apenas cuatro meses después al haberse ejecutado en
zona de dominio público marítimo-terrestre sin la preceptiva
autorización. Otro caso salpicó al alcalde al ser imputado por un delito
de prevaricación, del que ha sido absuelto recientemente, en el
nombramiento en 2007 del jefe de la Policía Local.
3. EL EJIDO Lidera el ranking de corrupción provincial
con la Operación Poniente por la que 77 personas, entre ellas el
exalcalde Juan Enciso, han sido imputados por cohecho, tráfico de
influencias, falsedad en documento mercantil, blanqueo de capitales,
malversación de caudales públicos y contra la hacienda pública. Las
sociedades de los principales implicados facturaron de Elsur
subcontrataciones en su mayoría “irregulares” de, al menos, 93,3
millones de euros entre los años 2002 y 2007. Pero no solo afectan a la
anterior corporación. El Juzgado de Instrucción número 2 de El Ejido
archivó recientemente la imputación por tráfico de influencias en
relación a un supuesto pelotazo urbanístico al actual alcalde, Francisco
Góngora (PP), si bien mantiene los cargos por delitos contra la
hacienda pública, falsedad documental y blanqueo de capitales.
4. LA MOJONERA El PSOE ha interpuesto una querella ante
el TSJA contra el alcalde José Cara (PP) por su presunta relación con
varias filiales de Hispano Almería, empresa investigada por la Fiscalía
por supuesta financiación irregular del PP.
5. ROQUETAS El Juzgado de Instrucción 1 citó a declarar
en calidad de imputados a seis ediles del Ayuntamiento de Roquetas y al
alcalde, Gabriel Amat (PP), por aprobar en 2007 la licencia que
permitió la construcción de 10 chalés en la finca La Fabriquilla. Amat
también figura en el caso en investigación sobre Hispano Almería al
figurar regalos en la contabilidad b y también le han pedido
explicaciones por sus reuniones con los implicados en la Operación Tres
Reyes.
6. ALHAMA El alcalde Cristóbal Rodríguez (PP) encontró
en los cajones deudas que ascienden a 4,3 millones de euros y facturas
irregulares durante la anterior legislatura que presidió Francisco Guil
(PSOE). El actual alcalde señaló que Guil realizó obras de reforma en su
vivienda por más de 300.000 euros de importe sin solicitar licencia
municipal, una acusación por la que será el socialista el que lo llevará
ante los tribunales.
7. GÉRGAL La exalcaldesa de Gérgal, Leonor Membrives,
ordenó la compra de un solar a su sobrino desatendiendo las advertencias
del arquitecto municipal según la documentación del sumario tras la
declaración de ésta como imputada en el juzgado de Instrucción 1 de
Almería.
8. NÍJAR Los socialistas han denunciado irregularidades
presuntamente cometidas por el alcalde de Níjar, Antonio Jesús
Rodríguez (PP), en la contratación de obras con empresas del grupo
Hispano Almería. Se habrían producido en 2011 y habrían permitido pagar a
las empresas del grupo más de 127.000 euros a través de procedimientos
que no se ajustaban a ley. Sin embargo, al Ayuntamiento no le consta tal
denuncia, un sospechoso paso atrás el de la oposición. Según el
alcalde, ese dinero al que se hace referencia es un modificado permitido
por ley. Además, fue archivada la denuncia ante la Fiscalía Provincial
de una asociación conservacionista contra el alcalde por no tomar
medidas para garantizar la protección del Cortijo del Fraile. De manera
que el actual alcalde se mantiene ajeno de cargas e imputaciones
judiciales, mientras que elanterior, el socialista Joaquín García, fue
absuelto de un delito urbanístico denunciado por los ecologistas a raíz
de una permuta de terrenos en Aguamarga pero condenado con anterioridad
por otros delitos similares. De hecho, a la Fiscalía Superior de
Justicia de Andalucía llego un dossier de los conservacionistas con
hasta 18 irregularidades cometidas por la anterior corporación
socialista.
9. CARBONERAS El Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción número 3 de Vera imputó como responsables de presuntos
delitos de prevaricación y desobediencia a Cristóbal Fernández,
exalcalde y a los seis ex ediles del PSOE que en 2009 votaron en pleno a
favor de la declaración como urbanizable del sector donde se construyó
el hotel de El Algarrobico. Fernández ya había sido condenado e
indultado por el Gobierno a raíz de un delito cometido en las elecciones
de 1999 por presionar a un conserje a votar a su partido. El actual
alcalde, Salvador Hernández (Gicar) también fue imputado y finalmente
absuelto de los supuestos delitos de prevaricación y desobediencia por
desatender fallos sobre el hotel.
10. MOJÁCAR La alcaldesa de Mojácar, Rosa María Cano
(PP), y los concejales de la comisión de gobierno fueron imputados a
finales de 2009 por un presunto delito de prevaricación urbanística
relativa a la concesión ilegal de licencia para un chiringuito de
temporada instalada en la playa. También fue denunciada y finalmente
absuelta de coacciones denunciadas por integrantes de otro partido que
grababan los plenos en vídeo.
11. TURRE El exalcalde Arturo Grima (PP) y el que lo
sustituyó temporalmente cuando presentó su dimisión en diciembre de
2007, Ramón López, fueron imputados por el Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción de Vera como autores de un presunto delito de prevaricación
que tiene como origen la denuncia presentada por los socialistas ante
los reiterados intentos de los populares de impedir la moción de
censura.
12. BÉDAR La Fiscalía solicitó en enero del año pasado
penas de ocho meses de prisión y siete años de inhabilitación especial
para cargo público para el exalcalde socialista de Bédar, Miguel Barón, a
quien acusa de autorizar en 2003 la construcción de una viviendas
unifamiliar sobre suelo no urbanizable y de especial protección en
Sierra Cabrera.
13. GARRUCHA Imputación del alcalde, Juan Francisco
Fernández (PP), por un presunto delito de malversación de caudales
públicos, así como de prevaricación, en relación al uso de 1.380.000
euros de las cuentas bancarias del Ayuntamiento a raíz de la denuncia
del PSOE.
14. LUBRÍN Juan López Camacho dejó el 28 de abril de
2008 de ser concejal y diputado provincial a raíz de la imputación de un
delito de prevaricación urbanística.
15. ANTAS El Juzgado de lo Penal número 5 de Almería ha
condenado a un año de prisión a la exalcaldesa de Antas, Ana Joaquina
García Núñez (PSOE), y a otros tres ediles por un delito de
prevaricación al conceder una licencia de obras en suelo no urbanizable.
16. VERA Imputados el exalcalde de Vera, Félix López
(PA) y su junta de gobierno a raíz de una denuncia del actual alcalde
ante la Fiscalía por la concesión de una licencia para la construcción
de ocho naves industriales pese al informe desfavorable.
17. ALBANCHEZ La Fiscalía Provincial denunció al
alcalde, Francisco Martínez, por un presunto delito contra la ordenación
del territorio al permitir la construcción en suelo rústico un
centenade viviendas.
18. MACAEL El exalcalde socialista del Ayuntamiento de
Macael, Juan Pastor, fue citado en calidad de imputado dentro del
sumario abierto como consecuencia de la auditoría realizada a las
cuentas municipales de su periodo de gestión.
19. SOMONTÍN El alcalde y diputado provincial Ramón
Rueda se vio obligado a pedir la baja en el PP y dimitir de su cargo en
la Diputación tras ser condenado a siete años y nueve meses de
inhabilitación por dar agua a la casa ilegal de su suegro.
20. FINES El alcalde, Rodrigo Sánchez (PP) y su hermano
han sido condenados a 21 meses de prisión por realizar obras de
desmonte y construir una edificación y una piscina en una finca de su
propiedad desobedeciendo las órdenes de paralización de la Junta por
tratarse suelo no urbanizables.
21. CANTORIA Pedro Llamas (PP) se vio obligado a
dimitir en junio como alcalde de Cantoria para cumplir una condena del
Supremo a dos años de cárcel y 23 meses de inhabilitación para empleo o
cargo público por falsedad documental, aunque siguió cobrando como
concejal casi 50.000 euros brutos anuales durante un tiempo. Finalmente
también renunció a su acta de edil al ser ratificada su condena por el Supremo.
22. ARBOLEAS La excorporación local al completo sigue
en proceso de enjuiciamiento en la Audiencia por prevaricación al
maniobrar presuntamente para sacar a subasta pública dos solares
clasificados como espacios libres que el entonces concejal socialista
Antonio Jesús García, quien más tarde accedería a la Alcaldía, quería
adquirir para unirlos a la parcela colindante y en la que se levanta la
vivienda en la que reside.
23. ZURGENA La Operación Costurero, el primer gran
golpe a la corrupción en la provincia, cuenta con más de una veintena de
imputados con el actual concejal de Obras Públicas y exalcalde, Cándido
Trabalón, al frente de una trama que hizo posible la construcción de un
millar de viviendas en suelo no urbanizable.
24. HUÉRCAL OVERA El exalcalde, Luis García Collado
(PSOE), fue imputado por la presunta comisión de un presunto delito de
prevaricación y otro de tráfico de influencias al redactar el Plan
General de Ordenación Urbanística a raíz de una denuncia del PP y
recientemente ha sido absuelto.
25. PARTALOA La Fiscalía Provincial de Almería ha
presentado denuncia contra el exalcalde de Partaloa, Alejandro López
Martínez, tras estudiar la denuncia interpuesta en abril de este mismo
año por el actual equipo de gobierno, por el dinero que podría haberse
malversado en lugar de destinarse al equipamiento del centro de día.
26. ALBOX El alcalde de Albox, Rogelio Mena (PSOE), ha
tenido que solicitar la suspensión temporal de su cargo en la Ejecutiva
del PSOE-A como secretario de Ideas y Programas al ser imputado por un
presunto delito contra el ejercicio de los derechos cívicos por el que
la Fiscalía Provincial solicita dos años y medio de inhabilitación
especial por impedir de forma constante la labor de oposición del PP al
denegarle diversos expedientes de contratación y facturas relativas a
tres empresas incluidas en el Plan de Pago a Proveedores. No obstante,
Mena ya ha anunciado que se presentará en mayo como candidato socialista
sin esperar a ver la evolución de la causa judicial. No es la primera
vez que el alcalde tiene que rendir cuentas ante la justicia. El
exalcalde popular Francisco Granero ya lo hizo años atrás por un
presunto delito contra la ordenación del territorio. Su sucesor, el
socialista José García Navarro renunció poco después de conocerse que
había gastado más de 24.000 euros entre enero de 2009 y septiembre de
2011 en comidas en restaurantes con la Visa del Ayuntamiento, además de
computarse otros costes impropios de un ayuntamiento en quiebra como
hoteles de lujo en Madrid. El Ministerio Fiscal también llegó a
solicitar diez años de inhabilitación especial para José Luis González
Wandosell, exconcejal de Urbanismo de Albox, al que se le imputaron los
presuntos delitos de prevaricación y omisión del deber de perseguir
delitos, en relación a la construcción de trece viviendas en el Paraje
de la Hortichuela.
27. ORIA El exalcalde de Oria, José Pérez Pérez (PSOE),
declaró en enero de este año como imputado en el Juzgado de Instrucción
de Purchena por varios delitos contra la administración pública. La
Fiscalía inició el proceso penal tiempo atrás por la presunta comisión
de delitos de prevaricación, malversación de fondos públicos, falsedad
documental y fraude en subvenciones en el periodo comprendido entre
junio de 2007 y junio de 2011.
28. VÉLEZ-RUBIO Imputado un exconcejal de Hacienda y
Personal del Ayuntamiento, Diego Gea (PSOE) y tres policías locales por
supuestas irregularidades en el proceso de selección en las oposiciones
para una plaza de Policía Local sin cumplir los requisitos. Serán
juzgados en enero 2015.
29. BAYÁRCAL. La Fiscalía Provincial pidió este verano
la reapertura de las diligencias instruidas en 2011 y que se llame a
declarar en calidad de imputado a Jacinto Navarro Fernández, alcalde de
Bayárcal, como empresario empleador del trabajador fallecido. También
pide llamar como testigos a Vicente Sánchez Fernández y Juan Arcos Amo, a
la acusación paticular a fin de que aporte datos de filiación de los
beneficiarios de las prestaciones por el fallecimiento del trabajador
Francisco Rovira Rodríguez. Con todo, se requiere Jacinto Navarro,
alcalde del Ayuntamiento de Bayárcal, contratante del trabajador
fallecido, a fin de que aporte póliza de seguro de responsabilidad civil
de cobertura del accidente.
30. DALÍAS. La coordinadora provincial de Izquierda
Unida en Almería, así como el concejal de esta formación en el
Ayuntamiento de Dalías, Francisco Cecilio Gómez, presentaron en
noviembre una denuncia en la Fiscalía de Almería contra el alcalde
daliense, Jerónimo Robles, por unas supuestas irregularidades en la
construcción de la guardería municipal, terminada en 2008, con un
presupuesto de un millón de euros.
