El exalcalde socialista de Oria y actual portavoz
de la oposición, José Pérez, ha negado frente al juez todas las
acusaciones presentadas por el actual alcalde, Marcos Reche (PP), ante
la justicia. Pérez ha declarado en la mañana de ayer en el Juzgado de
Purchena por presuntos delitos desde el año 2007 de los que se le acusa,
como malversación de fondos públicos o de fraude en subvenciones, entre
otros. Respaldado por la presentación de certificados y acuerdos de
plenos y juntas de gobierno donde se tomaron algunas de las cuestionadas
decisiones durante la anterior legislatura, el exregidor ha dado su
versión de las siete presuntas irregularidades por las que ha sido
cuestionado. Personal: Una de las presuntas irregularidades más criticadas por el actual
Gobierno local fue la presunta contratación a dedo de hasta cincuenta
personas. Sobre este punto, José Pérez ha explicado el proceso seguido
para realizar dichas contrataciones, siendo una parte de las mismas
“renovaciones de contratos iniciados por corporaciones anteriores”. En
el caso de los empleos de la escuela de verano, el exalcalde ha
recordado que a partir de 2009 las contrataciones se hicieron siguiendo
una bases “aprobadas y publicadas”. En años previos la prestación de
este servicio habría sido ejecutada por una empresa privada, de la que
constarían “los proyectos y las memorias justificativas”. Otras contrataciones como la de socorristas o archiveros, se
realizó “por vía de urgencia” y cumpliendo “con los perfiles exigidos”,
siempre según la declaración prestada ante el juez. No han sido estas
las únicas contrataciones cuya legalidad ha sido puesta en tela de
juicio. Adjudicaciones: Pérez ha explicado también las contrataciones de nueve monitores para
actividades deportivas “sin procedimiento administrativo alguno”, según
la denuncia. A este respecto, el exalcalde ha presentado el convenio de
colaboración firmado entre el Ayuntamiento y el Colegio San Gregorio,
en cuyos técnicos recaía la “responsabilidad de elaborar el programa y
ejecutarlo”. Un convenio aprobado en pleno anteriormente a tenor de la
documentación aportada. Además de las contrataciones de personal, el actual alcalde ha
llevado ante la justicia otras cuatro contrataciones, en este caso de
empresas para la ejecución de diferentes trabajos en el término
municipal. Una de ellas fue la contratación “directa” y “sin
procedimientos de adjudicación”, según la denuncia, de la compañía
encargada de la segunda y tercera fase de la guardería. El exregidor ha
negado este procedimiento y ha aseverado que fue la Junta la que decidió
conceder la subvención “en tres fases” y que se realizó un proceso de
adjudicación “por procedimiento abierto” que derivó en una resolución de
Alcaldía, lo que se repitió en fases posteriores, según José Pérez. Acuerdos y procesos: Las mismas presuntas irregularidades en la contratación de empresas
se repiten en otras tres denuncias. La defensa ha presentado los
acuerdos de plenos donde se aprobó la adjudicación de parte de estos
trabajos por concurso. “Se escogió el presupuesto más bajo de los
presentados”, ha asegurado el anterior alcalde sobre la contratación
directa de una retroexcavadora y sobre el inventariado de casas
ilegales. En otros casos, Pérez no ha mostrado documento alguno al
tratarse, según la versión dada, de obras o proyectos realizados por
otras administraciones públicas, entre las que se encuentran “la
Diputación Provincial” y la “Junta de Andalucía”. Este sería el caso del
pabellón de deportes y del espacio cultural ‘El Pósito’. “Es una obra
provincial con aportación de fondos municipales”, ha manifestado sobre
este último trabajo. Fruto de una auditoría con polémica: La judicialización de las presuntas irregularidades de la anterior
legislatura se ha producido tras la elaboración de un estudio financiero
contratado por el actual equipo de Gobierno. Algo criticado por José
Pérez por su posible “subjetividad” y por el coste que conllevó. Fuente: La Voz de Almeria.
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